Directamente, un significativo
porcentaje de la población nacional, como sucede en el mundo, padece
algún tipo de discapacidad. Esta puede ser motriz, sensorial o
intelectual o una mezcla de ellas. Sin embargo, su influencia, en el
medio familiar sobre todo, y en el medio social y cultural, es muchísimo
más amplia. De allí que sea, por padecerla directamente o en forma
indirecta, por ser familiar o amistad de alguna persona con una o varias
limitaciones, el tema es de primera relevancia. Los resultados del
Censo 2012, en esta materia, revelan que en Chile la población con una o
más discapacidades es de 2.119.316 personas, lo que equivale al 12,7%
del total de habitantes del país. ¡Más de dos millones de chilenos
directamente afectados!
Senadis -el servicio público que se preocupa del tema- desglosa la discapacidad en el Censo 2012: son 983.141 personas con dificultad física y/o de movilidad, seguidos por la ceguera o dificultad para ver, incluso usando lentes, que asciende a 890.569 habitantes. Hay 488.511 personas con sordera o dificultad auditiva, incluso usando audífonos, 373.545 tienen alguna dificultad psiquiátrica, mental o intelectual, y 217.688, mudez o una dificultad en el habla.
Es cierto que progresivamente se ha avanzado en nuestra nación para atender esta situación, preocupante. Ahora, se da un esperanzador paso. El senador Juan Pablo Letelier ingresó a la Cámara Alta un proyecto de reforma constitucional para establecer la obligación que el Estado coopere y genere las condiciones necesarias para que a las personas con capacidades diferentes o discapacidades severas en nuestro país se les trate con igualdad.
Coincidimos con él, en su fundamento del proyecto, que “es que no todas las personas concurrimos por razones de vida en igualdad de condiciones a ejercer nuestros derechos”. Aseguró que una persona con capacidades distintas o con una discapacidad severa “no está en las mismas condiciones que una persona sin estas discapacidades de afrontar el mundo del trabajo”, algo tan evidente y que, aún así, puede pasar inadvertido. Por eso, estamos en línea con lo que afirma, que “es necesario y urgente que la Constitución faculte al Estado pueda generar las condiciones a través de leyes para que haya una acción positiva a favor de estas personas con capacidades distintas o para imponer ciertas cargas al conjunto de la sociedad, para que personas con diferentes capacidades y que no están en igualdad de condiciones, que el Estado ayude a generar las condiciones para que existan esas igualdades de condiciones”. Como dijo él, “esto es fundamental para el mundo de la discapacidad, más aún es fundamental para Chile que tiene los niveles económicos suficientes para dar este paso, sobre todo cuando aspiramos a ser un país desarrollado”.
En Chile rige desde 1994 la Ley de la Discapacidad, junto a otras normas. Pero un reconocimiento constitucional le daría un estatus mayor, un desafío para toda la ciudadanía, sus autoridades e instituciones.
La Tribuna
Senadis -el servicio público que se preocupa del tema- desglosa la discapacidad en el Censo 2012: son 983.141 personas con dificultad física y/o de movilidad, seguidos por la ceguera o dificultad para ver, incluso usando lentes, que asciende a 890.569 habitantes. Hay 488.511 personas con sordera o dificultad auditiva, incluso usando audífonos, 373.545 tienen alguna dificultad psiquiátrica, mental o intelectual, y 217.688, mudez o una dificultad en el habla.
Es cierto que progresivamente se ha avanzado en nuestra nación para atender esta situación, preocupante. Ahora, se da un esperanzador paso. El senador Juan Pablo Letelier ingresó a la Cámara Alta un proyecto de reforma constitucional para establecer la obligación que el Estado coopere y genere las condiciones necesarias para que a las personas con capacidades diferentes o discapacidades severas en nuestro país se les trate con igualdad.
Coincidimos con él, en su fundamento del proyecto, que “es que no todas las personas concurrimos por razones de vida en igualdad de condiciones a ejercer nuestros derechos”. Aseguró que una persona con capacidades distintas o con una discapacidad severa “no está en las mismas condiciones que una persona sin estas discapacidades de afrontar el mundo del trabajo”, algo tan evidente y que, aún así, puede pasar inadvertido. Por eso, estamos en línea con lo que afirma, que “es necesario y urgente que la Constitución faculte al Estado pueda generar las condiciones a través de leyes para que haya una acción positiva a favor de estas personas con capacidades distintas o para imponer ciertas cargas al conjunto de la sociedad, para que personas con diferentes capacidades y que no están en igualdad de condiciones, que el Estado ayude a generar las condiciones para que existan esas igualdades de condiciones”. Como dijo él, “esto es fundamental para el mundo de la discapacidad, más aún es fundamental para Chile que tiene los niveles económicos suficientes para dar este paso, sobre todo cuando aspiramos a ser un país desarrollado”.
En Chile rige desde 1994 la Ley de la Discapacidad, junto a otras normas. Pero un reconocimiento constitucional le daría un estatus mayor, un desafío para toda la ciudadanía, sus autoridades e instituciones.
La Tribuna
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